elecciones 2019 Opinión

Millones gastados, empresas cómplices, figuritas repetidas y fake news: deudas para las elecciones democráticas en CABA

Por Nazarena Lomagno

La gestión de Horacio Rodríguez Larreta nuevamente impulsó el proyecto de ley que busca modificar la Ley 268 de Regulación y Financiamiento de los partidos políticos y las Campañas. Aunque se iguale al debate vigente a nivel nacional, no obtuvo la misma trascendencia ni tampoco se planea adoptar cambios para 2019, si no para 2021. Las desmesuradas cifras del oficialismo en elecciones, cuáles son las principales faltas y vacíos legales de la Ley, explicado por tres reconocidos politólogos.

El debate sin punto final: la aprobación de aportes privados

Por más que no sea el único ítem que integra la reforma, a nivel nacional definitivamente es el que más desavenencias produce y, prácticamente, el motivo por el cual la Cámara Alta no puede conciliar un acuerdo. En Capital sucede exactamente lo mismo: según el artículo 15 de la legislación, los aportes que no provengan de origen estatal “sólo podrán ser realizados por personas físicas (…) quedando prohibidos los aportes anónimos y aquellos que provengan de personas jurídicas.”

El texto borrador del proyecto, diseñado por los legisladores oficialistas Diego Marías, a cargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y Natalia Fidel, de Reforma Política, sugiere un modelo de financiamiento sustentado por aportes públicos y privados, conocido como “mixto”.

De este modo, propone que la mitad de los aportes públicos fijados por la Ley se distribuyan equitativamente entre la totalidad de fuerzas que integran la elección, mientras que el 50% restante se divida proporcionalmente, en función de la cantidad de votos que obtuvo cada partido en el último comicio.

De la diferencia resultante entre el límite de gastos y la cifra que deriva del financiamiento público, saldría el tope máximo de aportes privados del que podría disponer cada fuerza. La división de aguas alcanzó a la interna del oficialismo y logró la concordancia con el kirchnerismo, ya que la Coalición Cívica y Unidad Ciudadana aseguraron que no apoyarán este punto de la reforma.

Además, tras el impacto social que provocó la causa que involucró falsos aportantes al financiamiento electoral de Cambiemos, el proyecto opta por bancarizar las contribuciones, de modo que se logre identificar qué empresa o individuo dedica fondos a la campaña. Varias son las organizaciones apartidarias.

Por otro lado, el politólogo especialista en financiamiento de partidos políticos, Martín Astarita, está en contra de la incorporación de privados al financiamiento y destacó que su respuesta tiene una índole “política y filosófica”: “La razón social de las empresas tienen que ver con el lucro, entonces no deberían tener derechos políticos igual que los tiene un ciudadano”, opinó.

Es por ello que, según el especialista, la salida provendría de un Estado más participativo en el sostenimiento de los bloques políticos, estén o no en campaña. Pero también reconoció que, en la práctica, los aportes empresariales existen y en cantidad. “Si forzaras a los partidos a detallar verdaderamente sus ingresos y gastos, no presentarían meros dibujos contables. Pero los controles no son exhaustivos y el régimen de sanciones es deficiente, porque están pensadas para recaer sobre los partidos políticos, cuando las fuerzas tenían una centralidad mucho mayor. Ahora los protagonistas son los propios candidatos”, replicó.

En línea con su pensamiento, Pablo Villarreal, politólogo, sociólogo y Becario del Conicet, aclaró que no es lo mismo la utilización de fondos públicos para elecciones limpias y transparentes que el dinero dedicado al desarrollo de los partidos y alianzas en campañas, ya que allí “el Estado tiene un control más limitado, si no, veríamos a los oficialismos con un control excesivo del proceso electoral”.

Sin embargo, la falta de una profunda regulación del financiamiento político trae aparejado una distorsión en el sistema democrático, donde el principio de igualdad se ve fuertemente comprometido. De acuerdo a las palabras de Villarreal, el problema está ligado al “neoliberalismo como forma de gobernanza” y resaltó que la capacidad de equilibrar democracia y capitalismo “está bastante erosionada”.

“Imaginemos una campaña que ha sido ampliamente financiada por un grupo de empresas: ¿a quién le debe fidelidad política el gobierno que gana las elecciones, a las empresas del sector privado que apostaron por él o a los votantes que lo eligieron? En la medida en que gran parte del dinero que se recibe como aporte de campaña es en efectivo y no bancarizado, ¿cómo podemos asegurar que ese dinero no tiene origen en actividades delictivas? El solo hecho de que estas incógnitas puedan plantearse nos da la pauta de que otro de los pilares de la democracia como sistema resulta dañado, la representatividad”, reflexionó el politólogo.

Publicidad y el riesgo de que una imagen valga más que mil palabras

La autonomía que adquirió Capital Federal respecto de la Provincia de Buenos Aires (PBA) luego de la reforma constitucional de 1994 y el surgimiento de múltiples partidos alternativos frente a la crisis de representatividad política dada a fines de siglo, hicieron que CABA propusiera una lógica distinta en la dinámica de la campaña electoral, ya que la agenda partidaria y las prioridades que surgieron de los intereses del electorado metropolitano acompañaron esta división.

Al respecto, Secchi mencionó: “Son dos espacios territoriales totalmente diferentes, básicamente porque los municipios tienen mucho que ver en el desarrollo de la campaña de PBA. Con lo cual, controlar la campaña localmente debería ser más fácil. Sin embargo, el descalabro en CABA la produce la gran cantidad de recursos que tiene el gobierno para publicitarse.”

Según el último informe “Ingresos y Gastos de Campaña” en la elección de legisladores locales de 2017, realizado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), la alianza oficialista Vamos Juntos gastó $8.212.607, de los cuales $1.920.000 se dirigieron a publicidad gráfica y $4.478.070,82 a medios de comunicación. Estos montos hicieron del bloque el que más invirtió en difusión, sin contar los gastos de producción de publicidad gratuita en radio y TV por no haber sido declarados, de acuerdo al documento.

A nivel nacional, desde 2009 se prohíbe la contratación privada de espacios dedicados a la propaganda electoral, siendo el Estado único ente que puede conferirlos. No así sucede en la Ciudad, donde la regulación lo permite en tanto se respeten los montos previstos.

“Acá se advierten todas las consecuencias nocivas de contar con dos marcos normativos diferentes: los partidos y candidatos pueden encontrar grandes incentivos para contratar espacios de publicidad en forma privada, en el que aparezcan promocionando candidaturas del nivel nacional, y declararlos como gastos en el ámbito porteño”, explicó Astarita.

¿Cómo que en 2019 todavía no se contemplan las redes sociales en las regulaciones?

Por la época en la que la Ley 268 fue redactada y su falta de revisión continua, hay un vacío legal que no acompaña el contexto actual, donde las redes sociales ofician como potentes formadoras de opinión pública y, en consecuencia, principales plataformas para campañas electorales. Pero la doble cara de la formación es la popular desinformación que producen las fake news, falsas noticias que basta con viralizarlas para poner en jaque la imagen de los candidatos: el fotomontaje donde se ve al ex presidente De la Rúa mencionando que Macri “está haciendo lo que no terminamos de hacer” en el canal Todo Noticias (TN), la fotografía de una mujer en el aeropuerto, confundida con la ex presidenta Fernández de Kirchner, y el video de un aterrizaje en helicóptero de una adolescente en el recital Lollapalooza, a quien reconocían supuestamente como la hija de la gobernadora Vidal, es claro ejemplo de ello.

Pero los posteos fake no es la única contrapartida de las redes. La ola de filtración de datos personales es imponente e imparable y, tal como explicó Secchi, la totalidad de esa información está a disposición del oficialismo: “No hay protocolos para cuidar esa información y es una gran ventaja para el gobierno. Habría que trabajar con Twitter, Facebook e Instagram y pedirles información sobre qué servicios se contratan”, consideró el líder de Poder Ciudadano.

Sobre el manejo del universo virtual, Astarita agregó: “Las redes sociales son un desafío que tienen todos los países y hasta ahora no hay una regulación novedosa, porque es un tema difícil de controlar. Una primera medida sería que el Estado tome mayor injerencia en el acceso a estas nuevas plataformas.”

Sin embargo, aunque la campaña sucia y el amasado de información privada para beneficio propio cuestionan la integridad de las fuerzas políticas, Villarreal indicó que la sociedad reclama transparencia únicamente al demandar que “no haya distorsiones en el conteo de votos”, pero carece de interés por indagar sobre “el sistema de alianzas que sostienen a un candidato, el origen de los fondos, o si las propuestas políticas son realizables.”

Además, sostuvo que las campañas “tienen mucho más marketing que plataforma política”, enfocada en gustos y deseos del electorado. “Están dirigidas a votantes más pasionales e irracionales de lo que la ciencia política está dispuesta a aceptar”, mencionó.

De todos modos, Secchi sugirió no sobredimensionar lo que corre por las redes y afirmó que los usuarios “empezaron a reconocer más noticias falsas y analizar mejor el mensaje político“: “Dudo de la eficacia de la propaganda en redes o en carteles en la calle. La gente vota por su experiencia real”, aseveró.

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