Política

El Gobierno nacional eliminó la Secretaría de Deportes para abrir una Agencia Nacional, y quita la AUH por Deporte

A través del DNU 92/2019, el Gobierno eliminó la Secretaría de Deportes para modificar la Ley de Deporte y a su vez crear la Agencia del Deporte Nacional, publicado en el Boletín Oficial. En ningún momento especificaron, ni la necesidad ni la urgencia de la determinación. Los únicos antecedentes son en dictaduras.

Este proyecto oculta un negocio inmobiliario que tiene como objetivo vender activos correspondientes a los centros de desarrollo de los deportistas y, de esta manera, poder financiar al nuevo organismo creado. Esta nueva entidad estará bajo el cuidado de la Secretaría General de la Presidencia, donde trabaja Fernando Marín, autor del proyecto.

Cabe señalar que lo fundamental en el proyecto es la quita de la personería jurídica a la Confederación Argentina del Deporte, el único organismo que se enfrentó judicialmente a los recortes de Carlos Mac Allister y el contratista Diógenes de Urquiza.

“La Agencia de Deporte Nacional posee capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado y su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran en asignación y que adquiera en el futuro por cualquier título a nombre del Estado Nacional. Tendrá su sede principal en la CABA”, detalla el artículo 5 del DNU.

Por su parte, en el artículo 12, confirma la eliminación del Ente Nacional de Desarrollo Deportivo y con él se quita la Asignación Universal Por Hijo por Deporte que el Gobierno ya había intentado quitar en el presupuesto 2019. Además, se derogó la ley 24.052 que se había creado la comisión automovilismo y motociclismo, entre otras cosas.

Únicamente en gobiernos dictatoriales, la CAD fue atacada. Tanto en el ’55 como en el ’76 intentaron liquidar activos, hoy lo hace el Gobierno de Cambiemos. En ese sentido, el titular de la confederación, Rodolfo Paverini, aseguró que ampliarán las denuncias contra los funcionarios.

“Por ser partícipe necesarios por abuso de poder, persecución ideológica más la carátula accesoria de tráfico de influencias, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”, determinó Paverni.

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