Provincia

Farmacity en la Provincia, en “stand by”

El proyecto de ley que habilitaría la instalación de esa cadena en la Provincia se encuentra en el Senado actualmente, y por el momento, Cambiemos “plancharía” el asunto. La intención de la empresa Farmacity de desembarcar en Buenos Aires es un tema incomodísimo para María Eugenia Vida, admiten en su entorno.

Los farmacéuticos de la Provincia, que rechazan la llegada del “gigante” del rubro, están casi en guerra con la gobernación: exigen gestos contundentes que, en verdad, asoman remolones. Para colmo, la oposición logró colar un proyecto de ley, que ya tiene media sanción, que busca cerrarle la puerta definitivamente a la compañía.

Durante el gobierno de Daniel Scioli, Farmacity, que ya estaba instalada en la Capital Federal, quiso entrar a la Provincia pero se topó con la negativa del ministerio de Salud bonaerense. Es que existe una ley, la número 10.606 del año 1987, que estipula que las farmacias brindan un servicio público, no estrictamente comercial, y por eso mismo son pasibles de ser reguladas por el Estado.

La norma permite que las farmacias sean de capital privado. Pero en su artículo 14º, cuando habla de quiénes deben ser propietarios de las farmacias, no contempla que las sociedades comerciales o fondos de inversión puedan ser dueñas de este tipo de establecimientos. Tampoco lo rechaza taxativamente, un resquicio del que se ha agarrado Farmacity para reclamar la posibilidad de abrir locales en la Provincia. La cadena es propiedad de un fondo de inversión.

De acuerdo a fuentes legislativas, Cambiemos ha tomado la decisión política de planchar el mentado proyecto de ley en la Cámara de Senadores provincial, donde ostenta cómoda mayoría. Esa iniciativa busca cerrar discusiones sobre qué actores tienen derecho a tener farmacias en la geografía bonaerense. La estrategia política pasaría por esperar un fallo definitivo de la Corte

Así, si es el máximo tribunal el que habilita a la cadena a abrir locales en tierra bonaerense, el oficialismo no pagaría ningún costo político y, estiman, no podría ser acusado de favorecer a la sociedad que fundó Quintana. El problema para esa tesis es que, en verdad, la Corte no tiene plazos para expedirse.

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